A: Raúl Castro Ruz
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba.
Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba.
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba.
Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba.
Señor Presidente:
Lamentablemente acaban de entrar en vigor las Resoluciones Aduanales 206 y 207 de 2014, mediante las cuales el Gobierno cubano limita aún más la importación de mercancías con carácter no comercial por parte de personas naturales.
Con
toda seguridad, estas medidas se cuentan ya entre las más improcedentes
y desatinadas de las dictadas bajo su gestión de Gobierno.
Con
el pretexto de enfrentar el mercado negro —cuyo origen algunos
adjudican por error a esta importación, sin discernir entre justos y
pecadores— las referidas regulaciones, en lugar de eso, sólo fomentarán
las condiciones ideales para que prospere, como nunca antes, la ya
escandalosa corrupción en las aduanas cubanas.
Cae
en imperdonable error quien pretenda tratar el síntoma sin revertir la
causa primaria, raíz y génesis de la enfermedad. Estas medidas nunca
evitarán el florecimiento del mercado negro por una razón muy sencilla:
porque no están dirigidas contra las causas que lo provocan.
El
verdadero origen del mercadeo ilegal habrá que buscarlo, entre otras
causas, en el generalizado descontrol de la economía interna, fuente
real del masivo desvío de productos y del constante desabastecimiento
que esto genera y perpetúa; en la pobre variedad y pésima calidad de las
mercancías ofertadas en el comercio minorista interior, en los precios
desvergonzados a que se nos somete sin justificación, y en la falta de
voluntad política que ha demostrado su Gobierno para revertir esta
situación.
Habría
que buscarlas también en la alta tasa de corrupción imperante en la
policía y en el cuerpo de inspectores estatales, únicas entidades
realmente facultadas, además de la Oficina Nacional de Administración
Tributaria (ONAT), para fiscalizar la legalidad del comercio en la calle
y la actividad de los trabajadores no estatales —algo que está
obviamente fuera de la jurisdicción de la Aduana General de la
República.
El
Gobierno cubano y el partido que lo dirige, sin dudas pagarán un
elevadísimo costo político por la imposición de estas desafortunadas
medidas, porque la prácticamente totalidad del pueblo las desaprueba
como algo injusto y arbitrario: además de limitarnos en cuanto al peso a
importar, obligarnos a pagar nuevamente en nuestros aeropuertos hasta
el 200% de algo que ya pagamos en el extranjero, y cobrarnos aquí CUC$20
por el kilogramo de bulto postal que nuestra familia nos envía con
sacrificio, es de una inmoralidad indiscutible, no tiene parangón en el
mundo y sólo puede ser percibido como un robo a mano armada y un
auténtico acto de extorsión legalizada.
Como
lógica consecuencia, la corrupción aduanera es hoy tan generalizada e
impúdica, que hasta la inteligencia más insulsa infiere que semejante
trasiego sería imposible sin la implicación y/o complicidad de múltiples
cargos y mandos de la Aduana General y del Ministerio del Interior.
No
cabe suponerse de otro modo si allí basta con extender la mano para
hallar a alguien presto a ser sobornado: he escuchado que desde la
azafata en el avión hasta el último oficial aduanera “ayudarían”
gustosos a evadir los controles por unas decenas o unos pocos cientos de
dólares; que si no se logró antes, ya una vez en la mesa de inspección
quienquiera que pague su cuota de extorsión ante cámaras de video que
nunca detectan nada, tendrá garantizada una salida sin sobresaltos.
Sin
embargo, es una apuesta segura que entre los trabajadores de las
aduanas —incluida toda su flamante oficialidad— no menos de tres cuartas
partes deben ser militantes del Partido y de la Juventud Comunista. Si a
esto sumamos la enjundiosa red de informantes que con certeza tienen
allí la Seguridad del Estado y el Departamento Técnico Investigativo del
Ministerio de Interiores, entonces, teóricamente, no debería quedar un
centímetro cuadrado fuera de sus perímetros, ni pavonearse por allí un
sólo corrupto impune; en cambio la realidad desmiente cualquier ínfula
de honestidad: no transcurre allí un sólo día sin nuevos sobornos y
despojos arbitrarios.
Hace
demasiado tiempo, para que así no sea, que se escuchan pasmosas
historias sobre desfalcos personales, sobre todo género de abusos y
sobre funcionarios déspotas que avasallan a viajeros indefensos.
Mientras esos siniestros intereses diseñen hasta la exquisitez e
impongan a su gusto y medida sus propias herramientas de extorsión —pues
de nada más se tratan estas resoluciones según el más pueril sentido
común— estos robos y ultrajes seguirán siendo allí la irremediable
norma, y para cada viajero avasallado que traspase esa frontera, ya
todos los cubanos, por elemental extrapolación, no seremos más que
miserables vándalos.
No
se puede soslayar en este asunto la que, por predecible, no deja de ser
su arista más trascendente y peligrosa: este corrupto sobornable por
US$200, ¿qué no haría tentado por una oferta de US$2000 o más? Nadie
busque otra, he ahí la puerta de entrada potencialmente más segura para
las drogas ilícitas y una expedita puerta de salida para lo más valioso
del patrimonio de la nación cubana —desde objetos coloniales museables,
hasta las inapreciables pinturas vanguardistas del pasado siglo, que ya
se cuentan por cientos en colecciones privadas de Miami— y que
inexorablemente encontrarán entre esos hampones alguna vía despejada.
Demos
por sentado que la podredumbre moral que ampara a estos canales que
amenazan a toda la sociedad y saquean el tesoro patrio, tiene su
fundamento inequívoco precisamente en engendros como los recién entrados
en vigor con el beneplácito de los gobernantes cubanos.
Le
propongo a mi Gobierno que en lugar de instrumentar políticas de
moralidad tan cuestionables, emprenda otras más justas que potencien la
prosperidad de mi pueblo —en cuya desesperanza y pobreza sí nutre su
raíz el mercado negro; que sean derogadas hoy mismo estas alevosas
resoluciones aduaneras, por ser profundamente lesivas a la dignidad
humana y a los derechos de cada cubano, y que asuma estrategias
realistas dirigidas a enfrentar efectivamente a los corruptos, en lugar
de dotarlos con armas cada vez más pérfidas y solapadas.
Presidente:
Cuando se recuente la saga de medidas perpetradas por este Gobierno
contra el bienestar de su pueblo, la política que ahora se revitaliza y
arrecia —que espero esta vez nadie se atreva a adjudicar al bloqueo
yanqui— quedará inscrita con letras de oro. Con la excusa de disipar una
cerilla, el Gobierno cubano en realidad atiza una amenazante hoguera y
azuza los demonios más viles del hombre, y al frente de ese Gobierno
está usted, que con facultades ilimitadas, sin embargo, no hace nada por
impedir el desastre, de lo cual se infiere claramente su plena
complacencia con cada perjuicio que esta política hostil ya nos provoca.
Esto
le convierte también a usted en responsable de primera línea ante la
historia por esta nueva masacre moral, pues se cometerá bajo su total
consentimiento. Debido al daño producido a la nación cubana por medidas
como estas, también Usted será severamente juzgado por las generaciones
futuras.
Gracias por su atención.
Jeovany Jiménez Vega. Médico cubano
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