A Canadian tourist stuck in Cuba after hitting a pedestrian

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George Fowler III habla de su libro 'My Cuba Libre': Bringing Fidel Castro To Justice

Documental: El Primer Colombiano que le gana a los Castro narra su odisea

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Cuba promete tener ley de inversión extranjera más "profunda"

AméricaEconomía

La nueva ley de inversión extranjera en Cuba, que el Parlamento aprobará en marzo, será más "profunda" que la actual, pues el capital foráneo podrá jugar un mayor papel que hasta ahora en la economía de la isla, dijo un alto funcionario.

"Los recursos extranjeros trascenderían ahora el papel de complemento a los esfuerzos inversionistas de la Isla y ocuparían un papel importante, incluso en áreas como la agricultura, donde no es frecuente la inversión foránea", dijo Pedro San Jorge, director de Política Económica del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, citado este sábado por el semanario Opciones.

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La Ley de Inversión Extranjera en vigor, aprobada en 1995, asigna al capital extranjero un papel de "complemento" a las inversiones estatales cubanas, cuyas acciones deben ser más del 50% en cada empresa mixta creada y aportar básicamente tecnología y mercado.

Solo en casos excepcionales, y por interés del país, esta proporción puede ser favorable al capital extranjero.

San Jorge señaló que se ha decidido hacer la ley "mucho más profunda y ajustada a las circunstancias presentes del país".
El Gobierno de Raúl Castro, que sustituyó a su hermano enfermo Fidel en 2006, aplica unas 300 reformas económicas para "actualizar" el agotado modelo económico de la isla, de corte soviético.

Esos cambios buscan mayor eficiencia y rentabilidad en la economía, a partir de incrementar el trabajo privado y cooperativo, así como conceder autonomía a más de 2.800 empresas estatales.

El pasado diciembre, Raúl Castro anunció una sesión extraordinaria del Parlamento en marzo para aprobar esa legislación.

En opinión del directivo, la nueva ley contribuiría a atraer capitales y tecnología de punta, además de generar nuevos empleos y coadyuvar a sustituir importaciones, aumentar las exportaciones, e impulsar la producción nacional.
"Se tienen que potenciar las capacidades del país para generar muchos de los productos que en estos momentos importamos", dijo.

Señaló que "en paralelo se trabaja en una nueva cartera de oportunidades de negocios, la cual debe tener también buena parte de sus estudios de prefactibilidad concluidos o avanzados".

Cuba: Cuentapropistas en la Isla indignados por nuevo decreto

Martí Noticias

Cuba: Legisladores contrabandistas. La Ley cubana de Navegación Marítima y el buque coreano Chong Chon Gang

Diario de Cuba

Alberto Méndez Castelló

La pasada semana concluyó en La Habana el Congreso Internacional Abogacía-2013. Entre otros temas debatieron en ese evento sobre "la proyección ética y social de los abogados". Eso está bien. Pero de mayor latitud hubiera sido hurgar en la proyección ética y social del legislador y el operador de las leyes en Cuba. Por ejemplo:

La Asamblea Nacional del Poder Popular, en la Sesión del pasado 6 de julio, correspondiente al Primer Período de Sesiones de la VIII Legislatura, dictó la Ley No. 115 de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, que, con su publicación en la Gaceta Oficial, entró en vigor este 4 de noviembre.

Dice la supradicha Ley de Navegación en su Artículo 74.1: "La navegación de los buques, embarcaciones y artefactos navales extranjeros a través del mar territorial, se efectúa de acuerdo al régimen de paso inocente, siempre que se realice con el fin de atravesar las zonas abiertas a la navegación de este mar".

Y abunda el precitado Artículo 74 en su apartado 3: "Se considera que el paso de un buque, embarcación y artefacto naval extranjero es perjudicial para la paz, el buen orden, la defensa o la seguridad nacional, si en el mar territorial se realiza alguna actividad ajena a la navegación de paso inocente, conforme a lo establecido en los convenios internacionales de los cuales es Parte la República de Cuba y lo que se dispone en el Reglamento".

En Derecho Internacional, el paso de una embarcación es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden y la seguridad del Estado ribereño.

Al respecto conceptúa el Artículo 134 del Decreto No. 317 del Consejo de Ministros, Reglamento de la Ley de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre: "No se considera como inocente el paso de un buque, embarcación y artefacto naval extranjero por el mar territorial cubano, si realiza alguna de las actividades siguientes:

"c) Lanzar, recepcionar o embarcar aeronaves o cualquier dispositivo militar.

"e) Embarcar o desembarcar cualquier producto, moneda o persona, en contravención de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, migratorios o sanitarios.

"h) Realizar cualquier otra actividad que no esté directamente relacionada con el paso inocente".

Concerniente al despacho de arribo a puerto, el Reglamento de la Ley de Navegación cubana expresa en su Artículo 146: "El Capitán o Patrón del buque, embarcación y artefacto naval, a través del agente consignatario, tiene que presentar ante la Capitanía de Puerto el aviso de arribo y entregar a los efectos del despacho la documentación siguiente:

"a) Declaración general.

"b) Lista de los miembros de la dotación.

"c) Lista de pasajeros.

"d) Declaración de armamentos y narcóticos.

"e) Declaración de polizontes y deportados.

"f) Manifiesto de carga y la declaración de carga peligrosa, si la transporta."

Tensión al Derecho

Mientras en La Habana los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular rubricaban este profuso articulado en materia de Derecho Marítimo, militares bajo el mando de generales-diputados, también firmantes de la nueva Ley de Navegación, pisoteaban esa legislación todavía con la tinta fresca, cargando en el mercante norcoreano Chong Chon Gang un alijo de armas, en contravención no ya del Derecho Internacional, sino también de sus propios postulados jurídicos, moralmente, muertos al nacer con su actuar delictuoso.

"Los cambios en el país ponen en tensión al Derecho, porque en algunos casos no se corresponden con la sociedad actual", dijo el Dr. Ariel Mantecón, presidente de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos al periódico Juventud Rebelde, en un artículo titulado La ley debe parecerse a su circunstancia, publicado en su edición del pasado viernes 22 a propósito del Congreso Abogacía-2013.

Aunque ajustado a derecho es imposible encontrar congruencias lícitas en lo articulado por la recién promulgada Ley de Navegación cubana y las circunstancias ilícitas que condujeron a la detención del carguero norcoreano en aguas panameñas, lleva toda razón el Dr. Mantecón, solo que no son los cambios ocurridos en Cuba en los últimos meses los que ponen en tensión al Derecho, sino las continuas y sistemáticas infracciones y quebrantamientos de leyes, precisamente a manos de sus operadores, ocurridas durante ya más de medio siglo, en detrimento de derechos universalmente aceptados, los que ponen en entredicho el papel de las leyes y el de sus manejadores en la Isla.

De ahí el origen de los tan publicitados cambios ocurridos en los últimos meses en Cuba: del ejercicio de una jurisprudencia en todas las ramas del árbol jurídico contranatural, que, por inoperante, ahora tratan de enmendar.

Tal conculcar de leyes de carácter continuado, tiene como punto de partida la derogación de la Constitución de 1940 en 1959, para dar paso a un régimen de gobierno por decreto, legitimado en 1976 por una Constitución carente de interpretación de derechos y por una Asamblea Nacional del Poder Popular que, mientras legisla, propicia que los dueños del poder real actúan según entienden conveniente. Eso, es una verdad de Perogrullo.

A propósito del alijo de armas no declaradas y ocultas bajo un cargamento de azúcar, ocupadas por autoridades panameñas a bordo del carguero Chong Chon Gang, el abogado de los marinos norcoreanos, Julio Berríos, dijo a la AFP: "La tripulación no conocía lo que transportaba porque la carga la realizaron los cubanos".

"Nosotros cargamos el azúcar, pero no sabíamos que dentro de los contenedores había armas", dijo a este corresponsal un obrero portuario en Cayo Juan Claro.

Por esas raras coincidencias históricas, así se promulgó la nueva Ley de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre de Cuba en la primera decena del pasado mes de julio: mientras en La Habana conceptuaban lo lícito y lo ilícito en materia de navegación, ocultando armas en contenedores bajo toneladas de azúcar en Puerto Carúpano, generales-diputados hacían a la vez de legisladores y de contrabandistas.

Sí, ¡cómo no!, en Abogacía-2013 debió ahondarse en la proyección ética y social de legisladores y operadores de las leyes en Cuba, valga decir dos ocupaciones distintas con demasiada frecuencia en manos de los mismos individuos, por sencillísimas razones de moral.

El precedente del carguero norcoreano llevando armas ocultas desde Cuba al mismo tiempo que en la Isla el Parlamento votaba una nueva ley sobre la licitud de la navegación por mares, ríos y lagos así lo confirma.

Cuba: Fiscales se preparan para implementar ordenes represivas de Raul Castro

juventudrebelde

iclep.org

Implementar las indicaciones del Presidente Raúl Castro para el enfrentamiento a las indisciplinas, el delito y las ilegalidades está entre las prioridades de la Fiscalía General de la República, manifestó a este diario Marlén Fernández, vicefiscal general de esa institución.

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«Este año celebramos el aniversario 40 de la constitución de la Fiscalía General de la República como órgano del Estado, con una misión encaminada a la preservación de la legalidad y la protección de los derechos ciudadanos, y al ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado», recuerda Fernández.

Otras de las actualizaciones para los órganos judiciales  del Estado están recogidas en el Decreto-Ley 310, publicado en la Gaceta Oficial, que entró en vigor el 1ro. de octubre. Este reformula el apartado tres del artículo 8 del Código Penal.

Con este Decreto-Ley se atribuye a las autoridades actuantes la facultad de imponer multas a aquellos infractores cuya falta no exceda los tres años de sanción aplicables. Para utilizar esta prerrogativa, las autoridades deberán contar con la aprobación del Fiscal municipal.

Rafael Pino, vicefiscal general de la República de Cuba, insistió durante reciente comparecencia televisiva en la labor de los fiscales ahora que deben certificar las decisiones de autoridades actuantes como la Policía Nacional Revolucionaria, sin que haya necesidad de llevar todos los casos a tribunales ni se genere un clima de impunidad.

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Cuba: Tensión entre vendedores de ropa importada ante inminente cierre de sus negocios

Por Daniel Palacios Almarales

LA HABANA.- El clima de tensión entre los trabajadores por cuenta propia que se dedican a la venta de ropas importadas ha aumentado en las últimas semanas, a medida que se acerca el primero de enero del 2014, fecha tope puesta por el gobierno cubano para el cierre de tales establecimientos.

Ya son notables las negativas de numerosos “cuentapropistas” a abandonar el expendio de sus mercancías, en medio de ánimos caldeados que tuvieron su punto clímax el pasado 10 de octubre, cuando alrededor de un centenar de personas protestaron frente al Capitolio de La Habana.

Los manifestantes demandaron la revocación o revisión de la disposición que prohíbe la venta de ropa y calzado llegados al país desde el exterior, situación que arrojó varios detenidos, entre ellos dos periodistas de la agencia independiente Hablemos Press que intentaban cubrir la protesta.

Abuso de poder

Asimismo, se han publicado paulatinamente post en sitios digitales alentando a la toma de acciones. En el conocido portal Revolico, bloqueado en Cuba, apareció un anuncio titulado “No al abuso de poder de los inspectores HUELGA, es un abuso del gobierno”.

“No hay ley, es un abuso con el cuentapropismo, quieren ahogar al pueblo después de que le quitaron el trabajo a una pila de gente. Todo es un engaño están reprimiendo a los cuentapropistas . Las oficinas del DIS [Departamento de Inspección y Sanidad, perteneciente a la Contraloría General de la República] no tienen pública [sic] las leyes que aplican los inspectores. Hay que unirse para reclamar esta injusticia”, posteó el pasado 27 de septiembre un usuario, mensaje que fue reiterado el 17 de octubre.

A finales de sepotiembre, el gobierno cubano emitió nuevas regulaciones para adicionar nuevas actividades de cuentapropismo y redefinir el alcance de otras ya autorizadas, como la de sastre o modista. La regulación precisó que este último oficio era solo para el trabajo de costura de personas que confeccionan y arreglan ropas, pero no  incluye la comercialización de confecciones de fabricación industrial o importada.

La medida afecta a decenas de establecimientos que venden artículos traídos desde Ecuador, Panamá, México y Estados Unidos, a través de las llamadas “mulas” o por gestiones personales de los propios vendedores, lo que ha implicado para muchos de ellos costosas inversiones en divisas.

Continuará la venta

Varios entrevistados por CaféFuerte mantuvieron la idea de continuar la venta, ya fuese en los locales actuales o “por la izquierda” (sin anuencia estatal), pues consideran precipitada e injusta la medida del gobierno.

“He invertido demasiado dinero como para que vengan a cerrarnos tan injustamente. Si ellos usan la fuerza para imponernos las cosas, nosotros vamos a mantenernos fuertes, porque también tenemos derechos como trabajadores”, comentó Roberto García, dueño de una tarima en una de las ferias de la concurrida Calzada de Monte.

Un funcionario del DIS, bajo anonimato, dijo que no debiera haber resistencia, debido a que la ley es muy clara desde el inicio.

“La licencia está expedida para sastres y modistas que confeccionen la ropa a la medida, no para traer piezas del exterior y venderlas. Eso está fuera de los límites de la licencia que ellos mismos firmaron y aceptaron. Han cometido una violación desde el inicio y ya el gobierno decidió ser más enérgico”, aseveró el funcionario.

Algunos clamaron con fuerza por la aceptación de esta variante de trabajo, la cual hasta el momento no está oficializada.

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Reportaje sobre el matrimonio en Cuba

PalenqueVision

Cuba: En el 2012 fueron juzgadas 241 personas por el delito de proxenetismo

cuando ud. vea a un ministro cubano disertando en el centro de prensa internacional, ya esta alerta que algun evento global de relativa significacion esta a la vuelta de la esquina. en este

www.cubanet.org

caso se trata de continuar la operacion "limpieza" internacional en materia social y de derechos humanos con vistas a la convencion de la onu contra la delincuencia organizada internacional.

en un raro caso de bifurcacion informativa, el "orgasmo" oficial le dedica dos resenas a la intervencion de la companera ministra de "justicia" maria esther reus, al informe de cuba sobre el enfrentamiento juridico-penal a la trata de personas y otras manifestaciones de abuso sexual. 

la sra. reus informa que 241 personas han sido juzgadas de las cuales 224 se encuentran cumpliendo sanciones, entre ellos 7 extranjeros por corrupcion y abuso de menores. por provincias la mayor incidencia se reporta en la habana, matanzas, holguin y cienfuegos siguiendo un esquema muy cercano al turismo. 

habria que agregarle al menos dos digitos a la cifra expuesta por la ministra, pues en cualquier redada se capturan decenas y solo entre la esquina de tejas y cuatro caminos completamos la cifra oficial de prostitutas y proxenetas. 

siempre de acuerdo con la perspectiva positiva del informe, la mayoria de los casos de prostitucion y proxenetismo se afirma, no se adscriben a la trata de personas, sino que la gente lo realiza por "vocacion laboral" y no por el empleo de la intimidacion y la fuerza ni impulsados por las precarias condiciones de vida prevalecientes en el pais. 

la version oficial en el granma >>

Cuba: La rebelion de los cuentapropineros

ok, la rebelion de los merolicos rompedores del embargo, pero el corresponsal de HablemosPress mete la pata desde el inicio al afirmar que la mayoria de los cuentapropineros son trabajadores del sector estatal dejados excedentes.

HablemosPress

Cuba: Precisiones [oficiales] sobre modificaciones al trabajo x cuenta propia

Aqui >>  y  Aqui >>

Emilio Ichikawa » CUBA: La banalización de la rebeldía

Emilio Ichikawa

 

Emilio Ichikawa

Durante los días miércoles 2 y jueves 3 de octubre (2013) el programa Mesa Redonda de la TV CUBANA se dedicó a exponer los alcances del Decreto Ley 310/2013, donde se amplían las competencias de los Tribunales Municipales para ocuparse de delitos que formalmente merezcan hasta 8 años de cárcel y no solo hasta el límite de tres; y del Decreto Ley 313/2013, donde se estipula qué hacer y dónde depositar-custodiar los bienes relacionados con un delito.

Las ediciones de Mesa Redonda referidas, moderadas por un visiblemente confiado Randy Alonso, enviaron algunos mensajes significativos. Me refiero a mensajes relativos al ejercicio del poder y la “tejeduría” de la dominación. Que es la forma en que algunos marxistas posestructuralistas consideran, con bastante realismo, el escenario de la sociedad civil y la dinámica del Estado.

La primera señal ya la anoté: la satisfacción de Alonso, exhibiendo que estaba al tanto del proceso que se viene operando en la isla: La escritura, sanción e implementación de la Ley, para cantar luego, junto al coro general de los demócratas Occidentales, que la Ley debe cumplirse.

Es leninismo rectificado. Bolchevismo mejor: Ya no los comunistas a los soviets y luego todo el poder para los soviets; sino el socialismo a la Ley y luego todo el poder para la Ley.

Porque los tenderos y los cocheros ya no se van a rebelar contra el Secretario del Partido que les impide comerciar porque son anticomunistas, sino contra el auditor y el inspector que le piden impuestos y licencias actualizadas. Se trata en fin de cuentas de la banalización de la rebeldía y de la figura del rebelde que ya no se enfrenta a los Castro sino a la autoridad municipal.

Para que se entienda la pérdida de estatura: Ya los ”afectados” no son  magnates azucareros y senadores que escapan a Miami porque les han expropiado centrales y latifundios; o campesinos que se alzan por sus fincas; quien ahora protesta es el vecino que no le permiten vender ropa que no ha fabricado, contra la autoridad (que es otro vecino, quizás el socio del barrio) que le ha confiscado uno de sus bienes más preciados. Por ejemplo, una gorra: “… usted debe 3000 pesos, hay que ir para su casa y apremiarle un bien… que compense la deuda… Hemos embargado televisores, bicicletas y hasta gorras”.

Otro momento de ostentación del poder en esas ediciones de la Mesa Redonda estuvo en que el tema relativo al Decreto-Ley 310/2013 fue presentado por Oscar Manuel Silvera, Vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, estando presente en el propio estudio, pero sentado humildemente en una grada habilitada para la ocasión, el señor Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo. Mientras, de la exposición de lo concerniente al Decreto-Ley 313/2013 se ocupó el Coronel Félix Yanes, Segundo Jefe de la Dirección General de Investigación Criminal y Operaciones del Ministerio del Interior, cuyo desempeño era observado por superiores. Y aunque no tuvo un tema fijo bajo su responsabilidad, en esos programas también se sentó entre los ponentes Rafael Pino, Vicefiscal General de la República de Cuba.

Cualquiera que siga la pelota sabe bien por qué digo que este diseño es un alarde de poder: Es como si te salieran a jugar con el banco: Un Vice, un Segundo Jefe, y otro Vice. Además mostrándote que los titulares están disponibles y hay muchos otros optando por integrar la novena.

Pero el remate llegó en la edición del jueves 3, cuando los invitados respondieron preguntas hechas por los televidentes o reformuladas por la producción. Lo que tuvieron que afrontar los invitados no fueron reproches al endurecimiento de la ley sino más bien objeciones a la aparente debilidad de los Decretos. Un momento extremo fue cuando el señor Oscar Manuel Silvera, Vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, tuvo que casi rogar a los televidentes cubanos que esperaran a que el tejido legal prendiera en el cuerpo social; que confiaran en los jueces y comprobarían que la imposición de multas y medidas administrativas antes que prisión iba a resultar a la larga más temido y temblado. Casi lo mismo que pensaba Foucault en aquel curso en el Colegio de Francia.

-FOTO: Oscar Manuel Silvera, Vicepresidente del Tribunal Supremo Popular: cubadebate

Cuba: Detalles de las reformas del Código Penal

recomiendo leer el articulo de rolando cartaya  ¡Cuidado con el policía-juez!
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Cubadebate

Especialistas del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior, ofrecieron detalles de las modificaciones al Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal que, entre otras cosas, reformula competencias de los tribunales populares.

A través del espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, detallaron esta actualización —ya vigente a partir del 1ro de octubre según la Gaceta Oficial de la República de Cuba— que otorga mayor coherencia en el sistema de justicia penal de la nación, acorde con las transformaciones acontecidas en el ámbito económico y social del país.

Oscar Manuel Silvera, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, señaló que mediante el Decreto-Ley 310/2013 se amplían las competencias de los tribunales municipales para dirimir los delitos sancionables hasta ocho años de privación de libertad (antes era hasta tres años).

El objetivo esencial es acercar la justicia a las personas implicadas y al lugar donde se cometen los hechos, lo cual favorece la certeza y la celeridad de las decisiones judiciales.

Silvera indicó que se apunta a preservar la tranquilidad ciudadana y al mejoramiento de la calidad del servicio judicial, en tanto se hace más efectivo el cumplimiento de un derecho fundamental como es el acceso a la justicia.

CAMBIOS DEL CÓDIGO PENAL

Los cambios en el Código Penal incluyen la ampliación de la facultad de imponer al infractor multas administrativas, siempre que en la comisión del hecho se evidencie escasa peligrosidad social y las características sociales del infractor, así como que la sanción por un delito no exceda los tres años de privación de libertad o multa de hasta mil pesos, o ambas.

Aclara el Decreto-Ley que para ello siempre se requerirá la aprobación del fiscal.

El coronel Félix Yanes, segundo Jefe de la Dirección General de Investigación Criminal y Operaciones del Ministerio del Interior, manifestó que lo estipulado da la posibilidad de incrementar el trabajo diferenciado con los acusados del delito cuyo marco sancionador es hasta tres años de privación de libertad.

Dicho tratamiento —resaltó— está acorde con el principio humanista promulgado por la Revolución.

Mencionó que para recibir un tratamiento administrativo el acusado debe estar de acuerdo y cumplir las obligaciones que esa medida administrativa demanda. La víctima tiene también la posibilidad de manifestar su desacuerdo con la medida impuesta y debe ser tenida en cuenta por la autoridad que actúa.

Otro elemento a destacar es que en un mismo proceso se pueden tomar diferentes medidas con los comisores (administrativas o penales), dependiendo de su actitud ante la sociedad y las consecuencias de su conducta, precisó Yanes.

NUEVAS ATRIBUCIONES

Rafael Pino, vicefiscal general de la República de Cuba, acotó que ahora las autoridades actuantes como la Policía Nacional Revolucionaria y otras disponen de más facultades, de forma tal que no necesariamente tienen que enviar todos los casos a los tribunales.

Insistió en que se debe contar con la aprobación del fiscal y aclaró que todo esto no implica la generación de un clima de impunidad.

Los oradores comentaron que los profesionales encargados de materializar con eficacia estos cambios en la legislación se prepararon convenientemente.

También se dio a conocer en el espacio televisivo lo estipulado en el Decreto 313/2013 del Consejo de Ministros, el cual establece en qué casos se deben ocupar los bienes relacionados directamente con un delito, y cuáles son las entidades encargadas de recepcionarlos o custodiarlos según sus características y utilidades.

Trascendió que algunos de estos artículos confiscados pueden ser comercializados inmediatamente y aportar al presupuesto del Estado, y en el caso de los vehículos se hizo la aclaración de que pueden estar en depósito hasta seis meses.

Este Decreto resuelve un problema de larga data, porque evita el deterioro de los bienes conservados en lugares por largo tiempo y, en ocasiones, sin las condiciones adecuadas.

Además, se dispone en la norma que una persona a la que se decida devolverle el bien que le fuera ocupado, se le entregue este, uno de características similares en caso de que se haya comercializado, o indemnizarlo financieramente.

Este procedimiento es aplicable a los bienes ocupados en los procesos penales y en los procesos confiscatorios administrativos dispuestos en los Decretos-Leyes 149, de 1994, y 232, del 2003.

La transmisión de hoy jueves se dedicará a escuchar opiniones y responder preguntas que, sobre el tema, realicen los televidentes y radioyentes.

DECRETO 313/13 SOBRE EL DEPÓSITO, CONSERVACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES QUE SE OCUPAN EN PROCESOS PENALES Y CONFISCATORIOS ADMINISTRATIVOS

De acuerdo con la naturaleza de los bienes ocupados, los organismos y entidades responsabilizados con su depósito, conservación y disposición son:

• El Banco Central de Cuba: dinero en efectivo, títulos-valores, instrumentos de crédito, oro, plata u otros metales y piedras preciosas, prendas, joyas, alhajas u objetos confeccionados con piedras y metales preciosos.
• El Ministerio del Interior: armamentos, explosivos, drogas ilícitas, cajas de seguridad, alarmas y medios tecnológicos de interés para la seguridad del Estado y el orden interior.
• El Ministerio de Energía y Minas: plantas eléctricas, cilindros de gas licuado de petróleo, combustibles y lubricantes, cables eléctricos de alta tensión y angulares de trasmisión eléctrica.
• El Ministerio de Comunicaciones: equipos y medios de cómputo, de comunicaciones y sus accesorios.
• El Ministerio de Cultura: bienes culturales y obras de arte de valor patrimonial o museable u otros bienes de interés cultural para la nación.
• El Ministerio de Salud Pública: medicamentos, productos y sustancias para la salud.
• El Ministerio de Industrias: vehículos de motor, remolques y semirremolques, cuñas, partes, piezas y accesorios, y cilindros de gases industriales.
• El Ministerio de la Agricultura: animales, producciones agrícolas y forestales, carretas de tracción, carretones, insumos y maquinarias agrícolas, partes y piezas.
• El Ministerio de Comercio Interior: otros bienes no especificados con anterioridad.

Descargue la Reforma del Código Penal: Gaceta Oficial No. 018 Extraordinaria de 25 de junio de 2013 (PDF, 191 Kb)

Cuba anuncia cambios en su legislación penal

cafefuerte

Por Miguel Fernández Díaz

El gobierno cubano anunció la modificación del Código Penal (1987) y la  Ley de Procedimiento Penal (1977) con el fin de actualizar las disposiciones legales vigentes  y sintonizarlas con las transformaciones que tienen lugar en la vida socioeconómica del país.

El Decreto-Ley 310/2013, publicado este martes en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial, indicó que las modificaciones  procuran “mayor efectividad en la prevención y el enfrentamiento al delito” como adelanto "del trabajo que se ejecuta de manera integral en el estudio de la legislación penal”.

El documento -de cuatro páginas- fue firmado por el gobernante Raúl Castro el pasado 29 de mayo, y es el primer paso formal en el perfeccionamiento del sistema de justicia penal de Cuba. La integralidad de esos cambios comprende además la implementación gradual de un nuevo código de contravenciones, una ley de policía y la modernización del sistema judicial para menores de edad.

El Decreto-Ley entrará en vigor el 1ro de octubre del 2013.

Disminuir población penal

En esencia, las nuevas disposiciones están concebidas en virtud de flexibilizar las sanciones en los casos que “se evidencie escasa peligrosidad social, tanto por las condiciones personales del infractor como por las características y consecuencias del delito”, y buscar alternativas al internamiento penal.

La población penal cubana asciende actualmente unos 50,000 sancionados, según cifras oficiales, aunque organizaciones de derechos humanos sitúan el número entre 60 y 65,000 reos. En Cuba hay cinco prisiones de máxima seguridad y otros 195 establecimientos penitenciarios.

Uno de los cambios fundamentales está en la facultad concedida a las autoridades para imponer a los infractores una multa administrativa por un delito no exceda los tres años o multa de hasta mil cuotas, o ambas, siempre con la debida aprobación del fiscal.

Los tribunales también podrán adecuar la sanción a los procesados en los casos en que la consideren “excesivamente severa” para el delito calificado.

Protección para enfermos mentales

Se incluye asimismo un beneficio para los sancionados que enfrenten enfermedades mentales.

“Al que durante el cumplimiento de la sanción de privación de libertad sufra repentinamente de enajenación mental se le suspenderá la ejecución de dicha sanción, decretándose su internamiento en el hospital siquiátrico que designe el Tribunal Provincial Popular  del territorio donde se encuentre cumpliendo el sancionado”, señala el decreto.

En resumen, las modificaciones implementadas son las siguientes:

• La competencia de los tribunales municipales populares (TMP) se extiende a los delitos sancionables con privación de libertad de hasta ocho años. El límite anterior era de tres.

• Los tribunales pueden adecuar excepcionalmente la sanción de cárcel incluso por debajo del límite mínimo previsto para el delito juzgado, si considera que resulta excesivamente severa.

• El plazo para presentar apelación contra sentencias del TMP se alarga de cinco a 10 días.

• La policía puede resolver con multa administrativa y no llevar a los tribunales los casos de delitos cuya sanción no exceda de tres años (el límite anterior era de un año), aunque se requiere aprobación del fiscal para los delitos sancionables con uno a tres años.

• Las multas administrativas corren de 200 a 2,000 pesos para los delitos con sanción de un año o menos, y de 500 a 5,000 pesos para los delitos con sanción de uno a tres años, pero pueden llegar a 3,000 y 7,000 pesos, respectivamente, según las circunstancias de hecho y persona.

• La multa debe pagarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a su imposición; de lo contrario, el caso pasará a los tribunales.

Acusados extranjeros

El 29 de mayo, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP) dictó su Acuerdo 122, de obligado cumplimiento para todos los tribunales, que marca igual compás de flexibilización:

• Aplicar la medida cautelar de prisión provisional (a la espera de juicio) “solo en los asuntos en que resulte estrictamente necesario” y la sanción de privación de libertad, “al menor número de personas posibles y solo por los hechos de mayor gravedad”.

• Realizar los juicios dentro de los 90 días siguientes a la imposición de prisión provisional y mantener “la política de amplia concesión de los beneficios de excarcelación anticipada”.

El TSP instruyó también “prestar particular atención” a los casos con “acusados extranjeros o de situación migratoria permanente en otro país,” así como garantizar a los primeros la asistencia consular “como requisito esencial” de su defensa y no enjuiciarlos sin haber cumplido antes los trámites diplomáticos pertinentes.

Modifican en Cuba Código y Procedimiento Penales

martinoticias

Rolando Cartaya

Día de visita en el Combinado del Este.

Mediante el decreto-ley 310 del Consejo de Estado aparecido en la Gaceta Oficial,  el gobierno de Cuba ha modificado el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal vigentes, introduciendo cláusulas que permitirían atenuar la severidad de las sanciones en ciertos casos y reducir la nutrida población penal en el sistema penitenciario.

Los cambios, que entrarían en vigor el 1ro de octubre, facultarían a los tribunales para imponer al infractor, previa aprobación del fiscal, una multa administrativa, en caso de que la comisión del hecho se evidencie escasa peligrosidad social y la sanción por el delito en cuestión no exceda los tres años de privación de libertad, o multa de hasta mil cuotas, o ambas.

Otra modificación indica que cuando el tribunal considere la sanción "excesivamente severa", aunque esté dentro del límite mínimo fijado por la ley, "podrá excepcionalmente adecuarla dentro del marco previsto para la modalidad básica del propio delito".

Se prevé asimismo que si una persona está extinguiendo dos o más sanciones de privación de libertad, por no habérsele impuesto oportunamente una sanción única, el Tribunal Provincial del territorio donde se encuentre cumpliendo reclamará los antecedentes pertinentes de las causas por las que dicha persona fue sancionada y procederá a aplicar una sanción conjunta.

También contemplan las modificaciones que quienes sufran repentinamente de enajenación mental, se le suspenderá la ejecución de la sanción, y se decretará su internamiento en un hospital psiquiátrico.

Se anunció, además, un nuevo código de contravenciones, ejecución de sanciones, una ley de policía y la modernización del sistema judicial para menores de edad.

Se espera que los cambios ayuden a reducir la presión sobre las más de 200 cárceles, centros de detención y campamentos de trabajo del sistema penitenciario cubano, donde según organizaciones independientes existen inadecuadas condiciones de vida  y altas tasas de ocupación carcelaria por metro cuadrado.

Cifras oficiales publicadas por primera vez en 50 años situaban en mayo del año pasado en alrededor de 57.000 reclusos la población penal de la isla. Pero según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, CCDHRN, la cifra real era de 65.000 a 70.000 personas, aunque en algunos momentos la cifra se ha elevado a casi un 1 por ciento de la población de Cuba.

En abril el grupo Esglobal, radicado en Madrid, concluyó que Cuba tiene aproximadamente 510 presos por cada 100,000 habitantes, la sexta tasa más alta del mundo.

En diciembre de 2011 el Gobierno de Raúl Castro otorgó un indulto a 2.991 reclusos, cantidad equivalente al 4 por ciento del total de la población penal estimada.

Liberan a empresarios británicos acusados de corrupcion en Cuba

martinoticias

Los empresarios británicos,Amado Fakhre y Stephen Purvis, fueron liberados esta semana en La Habana luego de ser encontrados culpables de delitos menores, tras un juicio por corrupción celebrado a puertas cerradas el pasado mes de mayo.

Fakhre estaba encarcelado desde octubre de 2011 y Purvis en marzo de 2012. Ambos eran ejecutivos del fondo de inversiones Coral Capital Group, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en 1999 y fueron liberados teniendo en cuenta el tiempo que ya habían cumplido en prisión preventiva.

Coral Capital Group, que entró en el mercado cubano como una firma de bienes raíces, amplió sus operaciones a la financiación comercial de empresas mixtas y estatales cubanas, a la importación de maquinaria pesada y a otras actividades que incluyen, incluso el marco cultural.

Fuentes cercanas al caso citadas por agencias internacionales de prensa acreditadas en La Habana aseguran que esa ampliación de actividades condujeron al final a actividades vinculadas con varios casos de corrupción que se ventilan en los tribunales cubanos como parte de la campaña lanzada por el gobierno de Raúl Castro.

La agencia de noticias Reuters dijo hoy que Purvis podía abandonar la isla cuando quisiera, aunque no estaba todavía claro cual es el status de Fakhre. 

Canadian government advises against driving in Cuba

ottawacitizen/ By Hugh Adami

Ottawa contractor Elie Raffoul’s Cuban vacation turned into an expensive ordeal after he was involved in a minor traffic accident.

Photograph by: Wayne Cuddington , Ottawa Citizen

OTTAWA — Elie Raffoul found out the hard way why driving in Cuba isn’t such a good idea.
The Ottawa man was in an accident last March 23, involving a motorcyclist who suffered relatively minor injuries, and was forced by Cuban authorities to remain in the country for almost two weeks. He was planning to return to Ottawa on March 24.
Raffoul, who was on his fifth vacation in Cuba when the accident occurred, says he was left so shaken by the ordeal that he is never setting foot there again. Though he was cleared in the end, he says he doesn’t trust the Cuban system any more to want to return. There are other countries to visit, he says.
“I was scared. I was so scared.”
Fayza Youssef, an Ottawa woman who was vacationing at the same resort in Santa Maria, says Raffoul was very shaken by his predicament.
“Imagine being in a foreign country that won’t let you leave,” she says. “He was going through a very hard time.”
The Public Citizen could not contact anyone at the Cuban Embassy in Ottawa for comment. The Canadian government, meanwhile, advises against driving in Cuba as “traffic accidents are a frequent cause for arrest and detention of Canadians in Cuba. Accidents resulting in death or injury are treated as crimes, and the onus is on the driver to prove innocence.
“Regardless of the nature of the accident, it can take five months to a year for a case to go to trial. In most cases, the driver will not be allowed to leave Cuba until the trial has taken place. In some cases, the driver will be imprisoned during this delay.”
The Foreign Affairs website also recommends against driving in Cuba due to hazardous road conditions. As well, it warns that car-rental contracts can be shady when it comes to insurance.
Ottawa police say foreign visitors charged under Ontario’s Highway Traffic Act are normally allowed to leave Canada. Those facing criminal charges such as impaired driving appear before a provincial court judge who decides if the accused can be released and await a pending court case from abroad.
Raffoul says he can’t believe how many horror stories he has since heard about other Canadians being detained in Cuba as a result of car accidents. “I must be the only one in Canada who didn’t know (about the warnings).”
Yet, Raffoul, 41, counts his blessings he wasn’t detained as long as Cody LeCompte was in 2010. Then 19, LeCompte, of Norfolk, Ont., remained at a Santa Lucia resort for three months following a car crash that resulted in injuries to himself, two family members and a friend. Charges were never laid, but it cost LeCompte’s parents about $30,000 in lawyer’s fees, hotel rooms and flights.
Charges were never laid against Raffoul, either, but he was ordered to remain in Cuba while police investigated the accident and doctors determined how serious the injuries were to the motorcycle rider — in case he required compensation. Raffoul remained at the Santa Maria resort. Two Winnipeg friends, Alexis Reynolds and Monique MacPhearson, extended their trip to provide moral support. Reynolds says it wasn’t any big deal. Both women like Cuba so much and neither had to get back to work right away, so they had a good excuse to stay. They crashed in Raffoul’s room.

The self-employed general contractor says the delay in getting home cost him $3,500. Besides the additional resort bill, he says, he spent quite a bit of money on several return trips by taxi between the resort in Santa Maria and the police station in Santa Clara, where the accident occurred. It is a two-hour drive.
Raffoul can’t understand why police demanded he remain in Cuba. He says they were pretty gruff with him at times. He says the motorcyclist, Leonid Aquila Leon, was released from hospital a few hours after he was treated, though for a while police maintained he had been hospitalized. Raffoul says he accompanied police to the hospital and later “saw him walk out with a bandage on his head.”
When Raffoul went to Leon’s home on March 25, he says, the man was appreciative of the visit. He had cuts and bruises on his face and an arm, says Raffoul. Leon said he would be back to normal in a couple of weeks. “I’m not taking you to court. I don’t want anything,’” Raffoul recalls Leon telling him. Raffoul says he still gave Leon $450 Cdn.
Raffoul says he was driving a rental car to Santa Clara when the accident occurred. He says he had just passed a donkey pulling a carriage and was about to overtake the motorcycle when he spotted a car coming in the opposite direction. He says he got partially back into his lane as Leon moved to the right to give him room. He says he was travelling about 50 kilometres an hour when Leon’s motorcycle clipped the side view mirror on the car’s passenger door and went down.
Sunwing Vacations representatives approached him in the resort lobby the next day, telling him they were aware of the “severity of my situation” and that they were doing everything they could to get him home. Raffoul says he phoned the Canadian Embassy in Havana. There was nothing it could do, given Cuba’s laws.
He finally returned to Canada on April 5. Police actually cleared him on April 2 but didn’t notify Cuban airport authorities for a few days. The next Sunwing flight to Ottawa was on April 7. So Raffoul got on a Toronto flight, then paid $300 to fly to Ottawa.
“I said, ‘I don’t care where (the flight ends up). You can take me to Beijing. Just get me out of Cuba.’”

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Trabajo por cuenta propia y Derecho Mercantil en Cuba. Estudio

www.cubanet.org

Universidad Complutense de Madrid/ Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas

Alcides Francisco Antúnez Sánchez, Jorge Manuel Martínez Cumbrera, Jorge Luis Ocaña Báez

Resumen

El tema tratado erige como problemática el análisis del trabajo por cuenta propia desde la óptica del Derecho Mercantil en Cuba, con énfasis en su régimen jurídico y concreción del Derecho Mercantil cubano y en el perfeccionamiento del nuevo modelo económico cubano en este siglo XXI, destacando la inserción de la figura femenina en esta actividad. Como objetivo nos proponemos determinar la situación actual del trabajo por cuenta propia en el Derecho Mercantil cubano, así como su regulación jurídica. Partiendo del concepto de trabajo por cuenta propia, se fija el cuestionamiento sobre si aceptar o no al cuentapropista como un empresario mercantil individual o no y, la evolución que este ha tenido desde comienzos del triunfo revolucionario hasta la actualidad en sus etapas, por un lado, y por otro, se determinan los requisitos para ejercer las actividades autorizadas, las causas para que su labor quede extinguida y un análisis de las diferentes regulaciones jurídicas encargadas de regular el mismo. Se emplearon como métodos el exegético jurídico y el histórico lógico. Del análisis de los principios en que se informa la legislación que rige en Cuba para los trabajadores por cuenta propia se aprecia una ruptura conceptual elemental en cuanto a la actividad que pueden desarrollar estos y la que realizan los empresarios individuales, toda vez que la primera se desarrolla solo como complemento de la actividad estatal, siendo renovable la autorización para su ejercicio, con carácter municipal y solo les está permitido actuar de forma personal, mientras que el empresario individual actúa por su propia cuenta y también por cuenta de terceros, pudiendo actuar por medio de representantes, con el límite que pueda establecer la ley para actividades mercantiles, sin limitaciones territoriales. Significando el divorcio entre la legislación mercantil y las que han sido emitidas por la Administración Pública en relación con esta actividad mercantil, cuyo organismo que ejerce el control y la autorización es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no registrándose los mismos en el Registro Mercantil, con las obligaciones de contribuir con la legislación tributaria.

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Cuba cancela licencia a poderosa corporación canadiense [Tokmakjian Group]

Cafefuerte

Por Wilfredo Cancio Isla

El gobierno cubano canceló oficialmente las operaciones del poderoso Grupo Tokmakjian, una de las mayores empresas extranjeras que operó por los últimos 25 años en la isla.

Una resolución del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera -publicada en la Gaceta Oficial- indicó que decidió revocar la licencia del conglomerado canadiense por ser presentada extemporáneamente la renovación, el pasado 8 de marzo, y por violaciones incurridas en sus actividades comerciales en territorio cubano.

"En el proceso de análisis de la solicitud formulada por la citada entidad se ha concluido desestimar la misma, al haberse comprobado la realización, en el territorio nacional por la sucursal de esta y sus directivos, de actividades que no se corresponden con las autorizadas por la Licencia que oportunamente le fuera otorgada, las que resultan contrarias a los principios y ética que deben caracterizar la actividad comercial y contravienen el ordenamiento jurídico cubano", indica el decreto ministerial, divulgado el pasado 18 de abril.

El documento es la primera declaración oficial del gobierno cubano sobre el escándalo de corrupción que desembocó en el cierre de las oficinas de la compañía en La Habana, así como en el arresto de su principal ejecutivo, el empresario canadiense Cy Tokmakjian, a finales del 2011.

Enmarañada trama de corrupción

En septiembre del 2011, agentes de la Seguridad del Estado ocuparon y sellaron los locales de la firma en el cuarto piso del edificio Barcelona del Miramar Trade Center de la Habana. Tokmakjian fue detenido y permanece desde entonces bajo cuestodia de las autoridades cubanas mientras se investiga una enmarañada trama de corrupción y actividades ilícitas. 

La medida fue acompañada entonces por una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo de Estado, enviada a las empresas cubanas, para que detuvieran todas sus operaciones comerciales con el Grupo Tokmakjian.

Pero hasta el momento no se había hecho un anuncio oficial sobre el asunto por parte de las autoridades cubanas. Tokmakjian, de 71 años, permanece aún bajo arresto, sin que se le hayan formulado cargos.

Inicialmente estuvo detenido en una casa de seguridad en La Habana, pero a comienzos del pasado año fue trasladado a la prisión de La Condesa, destinada a extranjeros.

A mediados del pasado año, un alto ejecutivo de la compañía reveló que el gobierno cubano les había permitido reiniciar ciertas operaciones en Cuba. El Grupo Tokmakjian había renovado su licencia ante los registros de la Cámara de Comercio de Cuba en mayo del 2010, un año antes de estallar la investigación gubernamental sobre sus transacciones.

Pero el decreto firmado a comienzos de este mes por Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, marca el portazo final a la presencia de la corporación canadiense en la isla.

Millonarias operaciones

Radicado en Ontario, el Grupo Takmakjian era la segunda empresa extranjera con mayores operaciones comerciales en Cuba después de Sherritt International. Facturaba anualmente unos $80 millones de dólares en ventas de equipamiento para la construcción y la minería.

La compañía era además la distribuidora exclusiva de Hyundai en Cuba y estaba asociada con otras dos empresas para el remplazo de motores de equipos de transporte de la era soviética.

Las autoridades cubanas tienen también bajo arresto a un segundo empresario canadiense, Sarkis Yacoubian, presidente de Tri-Star Caribbean, desde julio del 2011. La firma de Yacoubian era considerada la competencia más fuerte del Grupo Tokmakjian, y realizaba negocios con numerosos organismos y empresas estatales cubanas en los sectores de la construcción, la minería y la salud pública.

Ambos empresarios -de origen armenio- comenzaron juntos sus negocios en Cuba y luego decidieron seperarse. Tokmakjian firmó su primer contrato con el gobierno cubano en 1988.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló que conoce la situación de los dos emporesarios retenidos en Cuba y que sus respectivos casos están siendo monitoreados.

Versiones extraoficiales consideran que la investigación sobre las empresas canadienses es de gran envergadura, pues vinculó a numerosos ministros y funcionarios de alto nivel, así como a un tercer empresario británico de origen libanés, Amado Fakhre, ejecutivo de la firma Coral Capital Group Ltd, todos aparentemente asociados a  transacciones ilegales en la expansión de la industria de níquel y cobalto en el oriente de Cuba.