Honduras: la crisis del ALBAAntonio Arencibia / Cubanalisis-Think Tank
Los líderes radicales latinoamericanos coaligados en torno a Chávez, estaban siguiendo el programa. Tras la reunión de PetroCaribe en San Cristobal y Nieves, venía la cumbre extraordinaria del ALBA, en Maracay, Venezuela.
La incorporación de Ecuador a la alianza el 24 de junio sumaba un productor petrolero al grupo y un astuto dirigente: Rafael Correa. La de San Vicente y Granadinas y la de Antigua y Barbuda no tenían igual importancia, pues se trata de pequeñas naciones del Caribe oriental de pocos recursos que se unen en la integración a Dominica. Las islas “Albistas” de habla inglesa no sobrepasan los trescientos mil habitantes en conjunto.
Como Hugo Chávez había anunciado la presencia de Raúl Castro en Venezuela para los actos conmemorativos de la Batalla de Carabobo y la cumbre, la Agencia Bolivariana de Noticias anunció erróneamente su llegada, pero el que bajó del avión fue el descolorido José Ramón Machado Ventura.
Entre los asociados faltaba también a la cita el presidente hondureño Manuel Zelaya, que quedaba organizando una controvertida encuesta nacional para el domingo 28: se hacía representar por su Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas.
El propósito del ALBA es político
Previa a la Cumbre fue la visita de los invitados al campo de Carabobo, donde Chávez pasó revista al desfile militar que incluyó contingentes armados de otros países, entre ellos cerca de cien soldados y oficiales cubanos.
Ya iniciada la sección de jefes de estado y gobierno de la reunión, Correa destacó el elemento clave de su participación en la alianza: “la incorporación al ALBA en una demostración de consecuencia política, empatía ideológica y de solidaridad con nuestros países hermanos”.
José Ramón Machado Ventura, por su parte, comenzó repitiendo la oposición de La Habana, “a los paradigmas que tratan de dictarnos desde el norte” y llamó a “ampliar el alcance y efectividad política” de la alianza.
Hugo Chávez intervino para señalar de ahora en adelante el nombre oficial será ALBA-TCP, es decir, Alternativaa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos.
También se constituyeron tres consejos a nivel ministerial en las áreas política, económica, y social, que se reunirán simultáneamente el 27 de julio en tres países diferentes. Chávez dijo que en Cuba no se va a llevar a cabo ninguna de las reuniones porque “tiene compromisos asumidos ya”, en referencia probablemente a las actividades por el 26 de Julio y el tercer aniversario de la Proclama. Por eso declaró que en Bolivia “pudiera” reunirse el Consejo Social, el Económico lo haría en Venezuela y el Consejo Político se llevaría a cabo en Ecuador.
El cónclave acordó realizar en septiembre, en Bolivia, la próxima reunión extraordinaria de líderes del ALBA-TCP. En Maracay también se discutió el tema de la reforma constitucional que impulsa el Gobierno de San Vicente y Las Granadinas.
En los acuerdos de esta Cumbre el peso esencial fue político: se pidió el cese del embargo y de la aplicación de la Ley Helms-Burton contra el régimen de La Habana; se solicitó la extradición de Posada Carriles a Venezuela y la del ex presidente Sánchez de Losada a Bolivia, y se respaldó la encuesta popular en Honduras sobre un referendo en torno a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, dirigido en última instancia a la reelección de Zelaya.
Sobre este último punto se declaró que “países miembros del ALBA – TCP enviarán acompañantes electorales que legitimen y den credibilidad a los resultados de esta proceso de consulta popular ciudadana que se realizará el 28 de Junio de 2009”.
La crisis constitucional hondureña
La marcha de los acontecimientos en Honduras a partir del miércoles 24 colocó en primer plano de importancia el apoyo de Chávez y el ALBA a su aliado Manuel Zelaya. Ese día el presidente hondureño trató de cortar el nudo gordiano de la oposición del Ejército y del Tribunal Supremo Electoral a su iniciativa de encuesta popular. Primero, destituyó al Jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia de Angel Edmundo Orellana, Ministro de Defensa.
El presidente había ordenado al Ejército garantizar los medios para la encuesta, mientras que el tribunal electoral indicaba a los mandos militares se abstuvieran de instalar una sola urna.
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia restituía al general Vásquez como jefe de las Fuerzas Armadas. Como respuesta, Zelaya salió de Palacio en una caravana hacia la sede de la Fuerza Aérea, cientos de sus seguidores rompieron los portones para entrar y recoger las urnas y boletas de la encuesta. Ante la actitud desafiante del presidente, el Congreso se declaró en sesión permanente y el jueves aprobó un decreto mediante el cual desaprobaron la conducta del mandatario.
Si nos guiamos por lo que dicen los seguidores de Zelaya, los legisladores trataban de darle “un golpe de estado técnico”, pero hay que tener en cuenta lo que estipula la Constitución hondureña vigente:
ARTICULO 4
(…) La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria.
La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria.
ARTICULO 239.
El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser residente (…)
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.
ARTICULO 373
La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros (…)
ARTICULO 374
No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente.
Estos artículos, que los seguidores del actual mandatario califican de “pétreos”, son inviolables. Por eso, según la Constitución de la República de Honduras, Manuel Zelaya tiene que cesar en su cargo para siempre en enero del 2010, entregándolo al ganador en las elecciones de noviembre próximo. Ni siquiera todos los líderes de su propio Partido Liberal lo apoyaban en su intento de instalar una cuarta urna en las elecciones de noviembre, para convocar una Asamblea Constituyente.
Los amigos de Zelaya al rescate
El viernes 25 Hugo Chávez decía en su programa “Aló, Presidente” que había hablado con Zelaya el jueves en la noche y le expresó su apoyo a las medidas que había tomado de destitución de militares. El mandatario venezolano advirtió que los gobiernos “revolucionarios” de la región no se van a quedar de brazos cruzados ante el eventual intento de derrocar a Zelaya, al que calificó como un “líder que surge y asume su responsabilidad”.
Su conversación con el presidente hondureño transmitida en directo por Telesur contenía elementos altamente explosivos cuando le expresó:
Nosotros estamos aquí, como soldados, a la orden de Honduras, apoyando los cambios que ustedes tengan a bien conducir.
Además, sus calificativos de “gorila” y “traidor” al destituido general Romeo Vásquez eran una abierta intromisión en los asuntos internos de ese país, y le trajeron la repulsa inmediata del Obispo Auxiliar de Tegucigalpa, Darwin Andino y del presidente del Congreso, Roberto Micheletti.
“Estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para que se respete la soberanía de Honduras y la voluntad del pueblo de Honduras”, destacó Chávez en su nuevo espacio semanal nocturno.
Como había terminado la cumbre de Maracay, se acordó mediante consultas urgentes un comunicado de los nueve gobiernos integrantes del ALBA presentado por sus representantes en la sede de la ONU en Nueva York. El documento denunciaba “el intento de golpe de Estado” contra el presidente Zelaya.
Entre los que fueron consultados no podía faltar Fidel Castro, que salió de un mutismo de casi dos semanas para hacer una “Reflexión” sobre la crisis hondureña. Olvidando sus discursos constitucionalistas pre-revolucionarios, escribió que “Zelaya no ha cometido la menor violación de la ley. No realizó un acto de fuerza. Es el Presidente y Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras”.
Además, Castro ya tenía previsto un chivo expiatorio de lo que pudiera suceder en esa nación tras la crisis provocada por la actividad inconstitucional de su jefe de estado: “Lo que allí ocurra será una prueba para la OEA y para la actual administración de Estados Unidos”.
Zelaya por su parte no solo agradeció el apoyo del ALBA, sino que ordenó a su embajador ante la Organización de Estados Americanos solicitar la “asistencia” de esa organización en la crisis hondureña. El secretario general, José Miguel Insulza, habló telefónicamente con el presidente de Honduras, y luego declaró su disposición a encabezar una misión para tratar promover un diálogo entre las instituciones de la nación centro-americana.
También expresaron preocupación sobre la crisis Ban Ki-mon, secretario general de la ONU, el Departamento de Estado norteamericano, y el gobierno español. Todos exhortaron al diálogo y al logro de consenso entre los poderes públicos para solventar la grave situación hondureña.
Derrocamiento de Zelaya
Sin embargo, Zelaya y sus seguidores estaban decididos a la encuesta dominical, lo que según analistas políticos hondureños traería mayores conflictos, pues el Congreso se tendría que negar a aceptar el resultado de una consulta que, además de ser ilegal, también era de contenido ilegal.
Con 2 millones de boletas impresas, 15 mil urnas y unos 45 mil activistas movilizados para la organización, el presidente se obstinó en hacer la encuesta contra la opinión de los tribunales, la legislatura, mandos militares, el clero y dirigentes de su propio partido.
Entonces, en la madrugada del propio domingo 28 de junio, soldados hondureños irrumpieron en el palacio presidencial de Tegucigalpa, desarmaron a los guardias y arrestaron al mandatario. A continuación, desde la televisora oficial hondureña, un portavoz hizo el anuncio del arresto y llamó a la ciudadanía a defender la institucionalidad democrática del país. Poco después los militares montaban a Zelaya en un avión con destino a Costa Rica, cuyo arribo fue confirmado a CNN por la ministra de seguridad de ese país en la mañana del domingo.
Un cable de Prensa Latina reportaba desde Tegucigalpa que la Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, había convocado al pueblo a resistir en las calles el golpe de Estado, y había acusado al presidente del Congreso, Micheletti, y a los grupos de poder, como responsables directos de la acción militar.
En medio de reportes confusos, no se sabe si fue antes o después de estas declaraciones que ocurría el secuestro de Rodas por militares encapuchados, y el de los embajadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela. El embajador venezolano, Armando Laguna, declaró a Telesur que fueron golpeados y más tarde liberados, y que se desconocía la situación de la canciller Rodas, que fue conducida a una base militar.
Hugo Chávez declaró de inmediato que el arresto de Manuel Zelaya por tropas del Ejército era un “golpe de Estado troglodita”, y pidió al presidente Obama que se pronunciase al respecto.
El Nacional, de Venezuela reportaba unas declaraciones del presidente norteamericano donde expresaba su preocupación por la detención y expulsión de Zelaya. Además, pedía “a todos los actores políticos y sociales en Honduras que respeten las normas democráticas, el estado de derecho y los principios de la Carta Democrática Interamericana”.
Otra declaración difundida desde Grecia por los 27 ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, calificaba el derrocamiento como una “violación inaceptable del orden constitucional en Honduras” y exigía el retorno inmediato del presidente depuesto.
Como eran de esperarse, hubo declaraciones de condena a la acción militar por parte de Evo Morales y Daniel Ortega. Pocas horas después de su llegada a San José, Manuel Zelaya apareció en conferencia de prensa conjunta con el presidente costarricense, Oscar Arias. Allí expresó:“No hay necesidad de pedir asilo, sino hospitalidad. Yo sigo siendo el presidente de Honduras”, y que como tal asistiría este lunes a Managua a una cumbre de presidentes del área centroamericana, convocada por Ortega.
El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó la acción contra Zelaya en conferencia de prensa en el MINREX, la Televisión Cubana anunció una “Mesa Redonda Especial sobre el golpe de estado en Honduras” y se espera la inevitable Reflexión de Fidel Castro.
Sus palabras, en la que escribió saludando la irrupción de Zelaya en la sede de la Fuerza Aerea como la actuación digna de “un Presidente y Comandante General”, terminaba con este vaticinio:
Ignoramos qué ocurrirá esta noche o mañana en Honduras, pero la conducta valiente de Zelaya pasará a la historia.
Indiscutiblemente, lo sucedido en la nación hondureña traerá serias repercusiones para el pais, la región y el hemisferio. Enfrentará con mayor agudeza al ALBA contra la OEA. Las cúpulas de gobierno en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, repetirán hasta la saciedad las recriminaciones contra los militares y la “oligarquía” hondureña, que les han impedido torcer de forma ilegal la constitución de ese país.
Aún no sabemos si regresará Zelaya a la presidencia hasta enero del 2010, pero por ahora sus designios y los de sus aliados radicales han fracasado.
La lección para ellos y para los gobiernos democráticos es estar preparados, pues las intenciones de tomar el poder y perpetuarse en él son la esencia política del hoy debilitado campo “albista”.
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